Cuando los grandes fondos de inversión y las multinacionales del gas desembarcan en nuestros ayuntamientos para presentar sus proyectos de macroplantas de biometano, siempre recurren al mismo mantra: «Esto se hace en Europa. En Alemania, Francia o Dinamarca conviven con estas plantas sin problemas y son la cumbre de la transición ecológica».
Suena bien, pero es una verdad a medias que esconde una gran mentira.
El problema de raíz del modelo que se está intentando imponer a marchas martilladas en España no es la tecnología en sí, sino la escala y el propósito de los proyectos. Mientras que en Europa el biogás nació como una solución de proximidad, aquí se ha transformado en un negocio extractivo industrial a gran escala destinado al beneficio de las grandes energéticas.
Europa: El modelo de las cooperativas agrícolas y la proximidad
En los países pioneros del norte de Europa, las plantas de biogás se diseñaron con una lógica aplastante: la sostenibilidad de proximidad. Son instalaciones de tamaño mediano o pequeño, gestionadas directamente por cooperativas de agricultores y ganaderos locales que se unen para resolver un problema real de excedente de residuos de sus propias explotaciones. Las claves del modelo europeo que aquí no se cumplen son:
- Economía de circuito cerrado: La planta aprovecha los residuos generados en el propio terreno vecinal.
- Autoconsumo real: El gas resultante genera calor o electricidad que abastece de forma directa a la comunidad agraria o a pequeñas redes de calefacción del municipio.
- El residuo vuelve a la tierra: El digestato (el fertilizante orgánico sobrante) regresa de forma controlada a los cultivos colindantes, cerrando un círculo real de sostenibilidad local.
España: Macroplantas gigantes que devoran el territorio
El modelo español que promueven firmas como AGR Biogás es diametralmente opuesto. No estamos ante iniciativas agrícolas locales, sino ante macrocomplejos industriales masivos.
La diferencia fundamental radica en los números. Mientras las plantas del modelo cooperativo europeo gestionan volúmenes adaptados a su comarca, los proyectos proyectados en Andalucía —como las macroplantas planeadas en el entorno del Aljarafe-Doñana (Benacazón) o Carmona— contemplan dimensiones mastodónticas que oscilan entre las 140.000 y las 240.000 toneladas anuales de residuos.
La trampa de la «Economía Circular»: Importar basura para ser rentables
Un monstruo industrial de 140.000 toneladas anuales no se puede alimentar con los residuos de los campos locales; sencillamente no hay suficiente material en la comarca. Por lo tanto, este modelo rompe por completo el principio de la economía circular.
Para que estas instalaciones sean financieramente viables para sus inversores, necesitan convertirse en imanes de basura. Tienen que importar obligatoriamente cientos de miles de toneladas de residuos desde decenas o cientos de kilómetros a la redonda.
El resultado logístico es una pesadilla: un desfile constante de camiones cisterna y vehículos pesados de gran tonelaje por carreteras convencionales, cargados de lodos de depuradora, lixiviados y materiales biológicos que saturan las infraestructuras locales y trasladan la contaminación de un punto de España a otro. El Aljarafe o la campiña de Carmona no se benefician de una gestión circular, sino que pasan a ser, de facto, el vertedero privado de las grandes corporaciones.
El destino del gas: Ni se queda en el pueblo, ni abarata tus facturas
En las cooperativas europeas, la energía se produce y se consume en el territorio. En el modelo español, el territorio solo pone el suelo, los malos olores, el tráfico pesado y el riesgo de contaminación de sus acuíferos.
El gas resultante de la digestión anaerobia no se almacena para uso de los vecinos o la agricultura local. Se refina para transformarlo en biometano y se inyecta directamente a la red general de transporte de gas natural (como el gasoducto Huelva-Sevilla). No es un servicio público de proximidad; es la producción masiva de un producto financiero de alto valor que las multinacionales energéticas introducen en el mercado mayorista para especular y blanquear sus balances de carbono.
Conclusión: No es ecología, es un negocio industrial a costa del entorno
Es hora de quitarle la careta verde a este negocio. Lo que pretenden instalar a las puertas de Doñana o en Carmona no es economía circular; es una industria pesada de producción de gas utilizando excrementos y restos animales (purines, gallinaza, lodos de depuradora, sangre o pieles).
El modelo no busca salvar el planeta ni ayudar al entorno rural; busca rentabilizar megaproyectos industriales agilizados por la administración a espaldas de la participación ciudadana. Europa demostró que el biogás puede ser sostenible si se mantiene a escala humana y bajo control social. El modelo especulativo español es, sencillamente, un atentado contra el patrimonio, el bienestar y el futuro de nuestros pueblos.
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